Perder el teléfono móvil es,
generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo,
puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos
de EE UU quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos
sustraídos en cacharros inservibles.
Los hurtos de telefonía han adquirido la
dimensión de problema social en EE UU donde estas actividades ilícitas cuestan
al consumidor 30.000 millones de dólares al año (más de 21.000 millones euros),
según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo
negocio para las mafias.
Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, exigen medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de sus productos.
La
presión de los representantes públicos se ha incrementado en los últimos meses
hasta el punto de que el fiscal del distrito en San Francisco, George Gascón, y
el jefe de Policía de Los Ángeles, Charles Beck, han llegado a cuestionar la
buena fe del sector.
"Proveedores de telefonía y fabricantes hacen
miles de millones de dólares reemplazando teléfonos robados. También ganan
dinero vendiendo seguros. Los beneficios no deberían guiar decisiones que
tienen consecuencias de vida o muerte", aseguraron ambos en un artículo de
opinión que firmaron esta semana en Los Angeles Times.
En febrero, varios
senadores presentaron en Washington un anteproyecto de ley llamado 'Smartphone
Theft Prevention Act' para obligar a que todos los teléfonos inteligentes que
se vendan en EE UU estén equipados por defecto con una función que solo el
dueño pueda activar para terminar con la vida útil de su dispositivo y que
funcione de forma remota en todo el mundo.
Ese mecanismo, bautizado como 'Kill
Switch', se planteó también a nivel estatal en Minnesota y en California, donde
la iniciativa apoyada por Beck y Gascón fue rechazada esta semana en una
votación muy ajustada en Sacramento, muy cerca de Silicon Valley.
Regulación
excesiva
Los opositores consideraron la propuesta una regulación excesiva por
coartar la libertad de elección del consumidor que ya actualmente tiene a su
disposición diferentes aplicaciones para asegurar que, en caso de pérdida o
robo, pueda localizar su teléfono y eliminar todos los datos a distancia ('Find
My iPhone' de Apple, es un ejemplo).
Ese es uno de los argumentos utilizados
por la organización CTIA, una asociación internacional que defiende los
intereses de empresas del sector de la tecnología wireless que aglutina a
gigantes de las telecomunicaciones y productores de dispositivos.
Para el analista Ramón T. Llamas,
de la consultora IDC, el concepto de 'Kill Switch' es "una buena
idea", pero le inquieta que en la práctica pueda acarrear otros problemas
al usuario que anule ese sistema por equivocación, si bien la ley prevé que se
establezca un mecanismo para "resucitar" el aparato en ese caso.
Tanto Verizon Wireless como AT&T, principales proveedores de red móvil en
EE UU, remitieron las resoluciones adoptadas por CTIA sobre este asunto, entre
las que está el pacto de autorregulación anunciado el 15 de abril llamado
'Smartphone Anti-Theft Voluntary Commitment'.
Se trata de un compromiso
sectorial para que todos los nuevos modelos de teléfonos inteligentes
fabricados después de julio de 2015 para su comercialización en EE UU
incorporen una herramienta antirrobo o la ofrezcan para su descarga.
Esa
declaración de intenciones fue firmada por Apple, Google, Samsung, HTC, Huawei,
Motorola, Microsoft, Nokia, Asurion, así como Verizon, AT&T, T-Mobile,
Spring y U.S. Cellular, y sus requerimientos técnicos se asemejan al 'Kill
Switch' exigido por los legisladores, aunque hay una importante diferencia.
La
motivación detrás de la ley es desanimar a los ladrones de hardware al estandarizar
un sistema que inutilice los teléfonos. Esto solo es posible si funciona en
todos los casos. Las empresas prometen una herramienta con un carácter más
opcional. Un criminal no sabrá, hasta que comete el hurto, si el dispositivo
está o no protegido.
Los
incentivos para el delincuente son elevados. Modelos de iPhone de última
generación sustraídos en EE.UU., donde el terminal más caro cuesta 849 dólares
(614 euros), pueden alcanzar los 2.000 dólares (casi 1.500 euros) en Hong Kong,
como constató una operación contra una red asiática de comercio de
"smartphones" robados desmantelada el año pasado en California.
Modelos de iPhone
de última generación sustraídos en EE.UU., donde el terminal más caro cuesta
849 dólares (614 euros), pueden alcanzar los 2.000 dólares (casi 1.500 euros)
en Hong Kong, como constató una operación contra una red asiática de comercio
de "smartphones" robados desmantelada el año pasado en California.
"Hasta los cárteles de la droga colombianos trafican con ellos",
declaró Beck.
Un informe del 18 de abril de la organización del consumidor
estadounidense Consumer Reports señaló que el número de hurtos de teléfonos
inteligentes en el país en 2013 fue "cerca del doble" que en 2012, un
total de 3,1 millones de unidades.
Fuente: 20minutos.es
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