Perder el teléfono móvil es,
generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo,
puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos
de EE UU quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos
sustraídos en cacharros inservibles.
Los hurtos de telefonía han adquirido la
dimensión de problema social en EE UU donde estas actividades ilícitas cuestan
al consumidor 30.000 millones de dólares al año (más de 21.000 millones euros),
según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo
negocio para las mafias.